El trabajo coordinado desde la UIF implicó la supervisión de varios Sujetos Obligados actualmente sospechados en la causa penal que tramita contra la financiera CBI Cordubensis SA o cuyos clientes se presume involucrados en las maniobras ilegales investigadas. De este modo la UIF busca aportar nuevas pruebas en la acción impulsada por el fiscal Enrique Senestrari.

Según la investigación efectuada por Senestrari, CBI realizaba actividades de intermediación financiera no autorizada en dos sucursales ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad de Córdoba. Allí ofrecía servicios tales como alquiler de cajas de seguridad, consultoría financiera, préstamos personales, empresariales, financiamiento de inversiones y operaciones bursátiles en general, a pesar de no estar habilitada para ello. Además ofrecía actividades financieras ilegales que habrían derivado en la evasión del impuesto a los créditos y débitos; y se estima lavaban dinero proveniente de la evasión de impuestos y hechos de corrupción que captaban de particulares y empresas diversas.

El fiscal identificó la utilización por parte de la financiera de un segundo sistema de registración de las operaciones realizadas, denominado "Servidor 2" o "Servidor en negro", el cual habría estado localizado en un domicilio particular ajeno a la empresa; y la firma de varios pactos de confidencialidad con las distintas personas físicas y jurídicas con las que operaban, a los fines de impedir la revelación de las maniobras.

La UIF solicitó ser parte querellante en la causa el pasado 17 de marzo y actualmente espera la decisión del juez Ricardo Bustos Fierro, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba.